Artículo 9. Autorización de establecimientos financieros de crédito sujetos al control de personas extranjeras.

Texto consolidado

1. La creación de establecimientos financieros de crédito españoles cuyo control, en los términos previstos por el artículo 42 del Código de Comercio, vaya a ser ejercido por personas extranjeras, queda sujeta a lo establecido en este real decreto.

2. En el caso de que el control del establecimiento financiero de crédito español vaya a ser ejercido por una entidad de crédito, una empresa de servicios de inversión, una entidad aseguradora o reaseguradora, una entidad de pago o una entidad de dinero electrónico autorizada en otro Estado miembro de la Unión Europea, por la entidad dominante de una de esas entidades o por las mismas personas físicas o jurídicas que las controlen, el Banco de España, antes de emitir el informe a que se refiere el artículo 7.1, deberá consultar a las autoridades responsables de la supervisión de las citadas entidades.

3. En el caso de que el control del establecimiento financiero de crédito español vaya a ser ejercido por una o varias personas, sean o no entidades de crédito, domiciliadas o autorizadas en un Estado no miembro de la Unión Europea, cabrá exigir la prestación de una garantía que alcance a la totalidad de actividades de dicha entidad mediante contrato de seguro de caución suscrito con entidades aseguradoras debidamente autorizadas para operar en España, aval solidario emitido por entidades de crédito debidamente autorizadas para operar en España, o cualquier otra garantía que determine el Banco de España.

Redacción vigente del texto consolidado publicado por el BOE, en vigor desde el 2020-07-01.

Más artículos de Real Decreto 309/2020

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• → Artículo 10. Requisitos para ejercer la actividad.
• Ver la norma completa: Real Decreto 309/2020, de 11 de febrero, sobre el régimen jurídico de los establecimientos financieros de crédito y por el que se modifica el Reglamento del Registro Mercantil, aprobado por el Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, y el Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito.