Artículo 46. Limitaciones a los plazos concesionales.

Texto consolidado

1. Como norma general, se establecen los siguientes plazos máximos para las nuevas concesiones:

a) Abastecimiento de población: 25 años.

b) Regadío: 25 años.

c) Usos hidroeléctricos: 30 años, para minicentrales, entendiendo por tales aquellas cuya potencia sea inferior a 5.000 KVA.

d) Demás usos: 25 años.

2. Los plazos previstos en el apartado anterior podrán superarse, hasta el máximo de setenta y cinco años, cuando quede acreditado en el expediente de concesión que las inversiones que deban realizarse para el desarrollo de la actividad económica exigen un plazo mayor para su recuperación y garantía de viabilidad. Para el caso de aprovechamientos hidroeléctricos y de refrigeración, se valorará especialmente cuando el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico manifieste el interés del aprovechamiento para asegurar la cobertura del suministro eléctrico o por otras razones de interés público.

3. Toda novación o ampliación de plazo concesional se condicionará a la incorporación de mejoras ambientales y de eficiencia, teniendo en cuenta, si es el caso, las que se hubieran realizado a lo largo del desarrollo del plazo concesional original.

4. En el procedimiento de extinción de derechos de concesiones, el informe del Servicio al que hacen referencia los artículos 164.3, 165.3, 165.bis.1. y 167.4 del RDPH deberá incluir la valoración que la Oficina de Planificación Hidrológica realice sobre la afección del aprovechamiento al estado de las masas de agua y, en su caso, definir las condiciones en las que podría llevarse a cabo el aprovechamiento sin poner en riesgo la consecución del buen estado de la masa de agua.

Redacción vigente del texto consolidado publicado por el BOE, en vigor desde el 2023-02-11.

Más artículos de Real Decreto 35/2023

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• → Artículo 47. Aprovechamientos con fines hidroeléctricos de infraestructuras del Estado.
• Ver la norma completa: Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.