Artículo 20. Requisitos.
Artículo 20 del Decreto-ley 10/2020, de 12 de junio, de prestaciones sociales de carácter económico de las Illes Balears. · BOE-A-2020-8013
Atención: Decreto-ley 10/2020 está derogada — este texto se muestra a efectos históricos y de consulta.
Texto consolidado
1. Tienen derecho a las prestaciones de la renta social garantizada, en las condiciones previstas en este Decreto ley, las personas en las que concurran las siguientes circunstancias:
a) Que hayan solicitado el ingreso mínimo vital y tengan la resolución desestimatoria por motivos de ingresos durante el ejercicio anterior, pero que tengan, en el momento de la solicitud, ingresos inferiores a la cuantía de la renta social garantizada.
b) Que estén empadronadas en cualquiera de los municipios de las Illes Balears en la fecha de la solicitud.
c) Que acrediten una residencia en las Illes Balears con un mínimo de doce meses de antelación a la fecha de presentación de la solicitud. Este requisito no se exigirá en los casos siguientes:
i. Las personas menores de edad incorporadas a una unidad de convivencia por motivos de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogida familiar permanente.
ii. Las personas víctimas de trata de seres humanos o explotación sexual. Esta condición se acreditará mediante resolución judicial o informe de los servicios sociales públicos.
iii. Las mujeres víctimas de violencia machista acreditada por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 78 de la Ley 11/2016, de 28 de julio, de igualdad de mujeres y hombres, y el artículo 23 de la Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género.
iv. Cuando la ausencia del territorio de las Illes Balears esté motivada por causas laborales o profesionales y sea inferior a cuatro meses. Esta circunstancia se debe acreditar en el momento de solicitar la prestación con la documentación que se indique en el formulario de solicitud.
d) Estar en situación de vulnerabilidad económica por carecer de rentas o ingresos suficientes, de acuerdo a la definición de vulnerabilidad económica del artículo 17.
e) Que ningún miembro de la unidad de convivencia tenga derecho a percibir otras prestaciones públicas, el importe de las cuales iguale o supere la prestación económica de la renta social.
f) Que la persona solicitante, o cualquiera de las personas integrantes de la unidad familiar, no haya renunciado a una oferta de trabajo adecuada, según normativa laboral vigente, o haya causado baja voluntaria en su trabajo, ya sea por cuenta propia o ajena, en los tres meses anteriores a la presentación de la solicitud de la renta social garantizada.
g) Que la persona solicitante no sea beneficiaria de la renta social garantizada o del ingreso mínimo vital como miembro de otra unidad de convivencia.
2. A fin de poder atender situaciones excepcionales, que no se adecuen a todos los requisitos del apartado anterior pero que presenten situación de necesidad, el órgano instructor, previo Informe de la Comisión Técnica, podrá emitir resoluciones favorables a la prestación.
Téngase en cuenta los efectos retroactivos, desde el 16 de junio de 2020, de esta modificación según determina la disposición final 3 del citado Decreto-ley.
Redacciones de este artículo
Este precepto ha tenido 2 redacciones. La redacción vigente la dio BOE-A-2021-18191.