Disposición final cuarta. Modificación del Real Decreto 1618/2007, de 7 de diciembre, sobre organización y funcionamiento del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos.

Texto consolidado

Se modifica el Real Decreto 1618/2007, de 7 de diciembre, sobre organización y funcionamiento del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, de la forma siguiente:

Uno. Se modifica el artículo 2, que queda redactado como sigue:

«Artículo 2. Naturaleza y gestión del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos.

1. El Fondo de Garantía del Pago de Alimentos es un fondo carente de personalidad jurídica, a los que se refiere el artículo 2.2 de la Ley General Presupuestaria, cuya gestión se atribuye al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a través de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.

2. El Fondo de Garantía del Pago de Alimentos tiene como finalidad garantizar a los hijos e hijas menores de edad o mayores con un grado de discapacidad de, al menos, el sesenta y cinco por ciento o en situación de dependencia reconocida según lo dispuesto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, el pago de pensiones de alimentos reconocidos e impagados establecidos en convenio judicialmente aprobado o en resolución judicial en procesos de separación, divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, disolución de parejas de hecho, filiación o alimentos, mediante el abono de una cantidad que tendrá la condición de anticipo.

3. La concesión del anticipo se hará en todo caso previa instrucción y resolución del expediente dirigido a comprobar su procedencia.

4. En cualquier caso, será necesario para acceder a los anticipos del Fondo que la resolución en la que se reconozcan los alimentos haya sido dictada por los Tribunales españoles.»

Dos. Se modifica el apartado 1 del artículo 4, que tendrá la siguiente redacción:

«Serán beneficiarios de los anticipos del Fondo los españoles menores de edad o mayores con discapacidad o en situación de dependencia, así como los menores nacionales de los demás Estados miembros de la Unión Europea residentes en España, titulares de un derecho de alimentos judicialmente reconocido e impagado que formen parte de una unidad familiar cuyos recursos e ingresos económicos, computados anualmente y por todos sus conceptos, no superen los límites que se establecen en el artículo 6 de este real decreto.»

Tres. Se modifica el artículo 5, con el siguiente tenor literal:

«Artículo 5. Concepto de Unidad familiar.

A los efectos previstos en este real decreto, se considerará unidad familiar exclusivamente la formada por el padre o la madre y aquellos hijos e hijas menores de edad o mayores de edad con discapacidad o en situación de dependencia, que sean titulares de un derecho de alimentos judicialmente reconocido e impagado, y que se encuentren a su cargo. Formarán parte de dicha unidad familiar el resto de los menores que convivan en el mismo domicilio por ser hijo del progenitor acreedor de alimentos, cuya filiación no se encuentre determinada respecto de su otro progenitor.

También se considerará Unidad familiar a estos efectos la formada por los menores contemplados en el párrafo anterior y la persona física que los tenga a su cargo por tener atribuida su guarda y custodia.»

Cuatro. Se modifica el artículo 16, que tendrá la siguiente redacción:

«Artículo 16. Procedimiento de urgencia.

1. Podrá reconocerse con carácter de urgencia el anticipo a quienes, reuniendo las condiciones contempladas por este real decreto, acrediten una situación de urgente necesidad.

2. Se considerará, a estos efectos, que existe situación de urgente necesidad cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Cuando los recursos e ingresos económicos de la unidad familiar no superen la mitad del límite fijado con arreglo al artículo 6 del presente real decreto.

b) Cuando la persona que lo solicite sea víctima de violencia de género, en los términos previstos en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre.

3. El procedimiento de urgencia se iniciará a instancia de quien reclame el anticipo y no será preciso acreditar la dificultad para obtener el pago de alimentos a que se refiere el artículo 14.2.b), siendo bastante el testimonio de haber instado la ejecución judicial de la resolución que reconoció el derecho a la pensión de alimentos.

4. Deberá acreditarse la condición de víctima de violencia de género, si esta fuera la causa de la situación de urgente necesidad, por cualquiera de los siguientes medios de prueba:

a) A través de la sentencia condenatoria.

b) A través de la resolución judicial que hubiere acordado como medida cautelar para la protección de la víctima la prohibición de aproximación o la prisión provisional del inculpado.

c) De la forma establecida en el artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre.

5. El procedimiento ordinario podrá derivar en procedimiento de urgencia a instancia del solicitante, cuando por este se acredite una situación sobrevenida de urgente necesidad en los términos del presente artículo.»

Cinco. Se modifica el artículo 17, que tendrá la siguiente redacción:

«Artículo 17. Resolución, plazos y efectos.

1. Corresponderá al centro directivo competente en la gestión del Fondo resolver el expediente, de forma motivada en el plazo de tres meses, contados desde la entrada de la solicitud en el registro del órgano competente para la tramitación.

Este plazo será de dos meses en el procedimiento de urgencia contemplado en el artículo anterior, contado igualmente desde la entrada de la solicitud en el registro del órgano competente para la tramitación.

2. Transcurridos los plazos establecidos en el apartado anterior sin que se haya notificado resolución expresa, la solicitud se podrá entender estimada, sin perjuicio de la obligación de la Administración Pública de resolver expresamente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

3. La concesión del pago del anticipo se comunicará también a la persona obligada al pago de pensión de los alimentos, en el plazo de diez días a partir de la fecha de la emisión de la resolución de reconocimiento, mediante un oficio en el que se reflejen las circunstancias del reconocimiento de aquel.»

Seis. Se modifica la disposición adicional primera, que queda redactada como sigue:

«Disposición adicional primera. Personas con discapacidad.

Los hijos e hijas mayores de edad con un grado de discapacidad de, al menos, el sesenta y cinco por ciento o en situación de dependencia reconocida según lo dispuesto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, serán beneficiarios de los anticipos del Fondo cuando concurran en ellos las circunstancias prevenidas por este real decreto para los hijos e hijas menores de edad.

El grado de discapacidad o dependencia se acreditará mediante resolución o certificación emitida por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales u órgano competente de la comunidad autónoma, que se aportará junto con la restante documentación acreditativa prevista por el artículo 14.»

Redacción vigente del texto consolidado publicado por el BOE, en vigor desde el 2026-11-12.

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