Artículo 4. Régimen de las comunicaciones y notificaciones telemáticas.

Texto consolidado

1. En todo lo no previsto en esta orden, la validez y los efectos jurídicos de las comunicaciones y de las notificaciones telemáticas se regirán por lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común, en los artículos 27 y 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, en el Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero, por el que se regula la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones ante la Administración General del Estado, la expedición de copias y documentos y la devolución de originales y el régimen de las oficinas de registro, ambos modificados por el Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, por el que se regulan los registros y las notificaciones telemáticas, así como la utilización de medios telemáticos para la sustitución de la aportación de certificados por los ciudadanos.

2. Todos los actos y manifestaciones de voluntad de las entidades colaboradoras o beneficiarios, durante el proceso de justificación de las subvenciones, que tengan efectos jurídicos deben ser autenticados mediante una firma electrónica avanzada de acuerdo con la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos en su artículo 13, apartados 2 a) y 2 b).

3. Las aplicaciones que se utilicen para efectuar las comunicaciones, notificaciones y envíos documentales entre el beneficiario y el órgano concedente de la subvención o, en su caso, la entidad colaboradora, deben permitir acreditar la fecha y hora de su emisión o recepción, su contenido y el remitente y destinatario de las mismas. En especial, estas aplicaciones deben garantizar que se deja constancia de la fecha y hora de la recepción de la documentación justificativa de la subvención y de cuanta documentación deba presentarse ante el órgano concedente de la subvención o, en su caso, la entidad colaboradora. El cómputo de los plazos imputables, tanto a los beneficiarios como a las Administraciones Públicas, se regirá por la fecha y hora oficial de la sede electrónica de acceso, que deberá contar con las medidas de seguridad necesarias para garantizar su integridad y figurar visible.

4. Cuando, existiendo constancia de la recepción de la notificación en la dirección electrónica, transcurrieran diez días naturales sin que el beneficiario acceda a su contenido, se entenderá que la notificación ha sido rechazada y así se hará constar en el expediente, salvo que de oficio o a instancia del beneficiario se compruebe la imposibilidad técnica o material de acceso.

5. La dirección electrónica asignada al beneficiario deberá cumplir los siguientes requisitos:

a) Disponer de mecanismos de autenticación que garanticen la identidad del usuario.

b) Contar con mecanismos para proteger la confidencialidad de los datos.

Redacción vigente del texto consolidado publicado por el BOE, en vigor desde el 2007-09-26.

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