Artículo 2. Impuestos comprendidos.

Texto consolidado

1. El presente Convenio se aplica a los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio exigibles por cada uno de los Estados contratantes, sus subdivisiones políticas o sus entidades locales, cualquiera que sea el sistema de su imposición.

2. Se consideran impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio los que gravan la totalidad de la renta o del patrimonio o cualquier parte de los mismos, incluidos los impuestos sobre las ganancias derivadas de la enajenación de bienes muebles o inmuebles, los impuestos sobre el importe de sueldos o salarios pagados por las empresas, así como los impuestos sobre las plusvalías.

3. Los impuestos actuales a los que en particular se aplica este Convenio son:

a) En España:

i) El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas;

ii) el Impuesto sobre Sociedades;

iii) el Impuesto sobre el Patrimonio, y

iv) los impuestos locales sobre la renta y sobre el patrimonio;

(denominados en lo sucesivo «impuesto español».)

b) En Bolivia:

i) Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA);

ii) el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE);

iii) el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles y Vehículos Automotores (IPBIVA), y

iv) el Impuesto a las Transacciones (IT);

(denominados en lo sucesivo «impuesto boliviano»).

4. El Convenio se aplicará igualmente a los impuestos de naturaleza idéntica o análoga que se establezcan con posterioridad a la fecha de la firma del mismo y que se añadan a los actuales o los sustituyen. Las autoridades competentes de los Estados contratantes se comunicarán mutuamente las modificaciones sustanciales que se hayan introducido en sus respectivas legislaciones fiscales, dentro de un razonable período de tiempo después de que aquellas modificaciones hayan tenido lugar.

Redacción vigente del texto consolidado publicado por el BOE, en vigor desde el 1998-11-23.

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• Ver la norma completa: Instrumento de Ratificación del Convenio entre el Reino de España y la República de Bolivia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y Protocolo, hecho «ad referendum» en La Paz el 30 de junio de 1997.